Se habrán quedado tranquilos los señores de la Consejería, después de publicarla por fin. Ley que no hacía ninguna falta; es inútil hasta decir basta para el profesorado, y perjudicial para el alumnado:
- Inútil porque sus principales pronunciamientos, la condición de autoridad pública para el profesorado y la presunción de veracidad para sus declaraciones, ya los ha instaurado la LOMCE y están vigentes desde el 31 de diciembre pasado.
- Inútil porque los supuestos objetivos que la Ley pretende, utilizados como auténticos señuelos para seducir al profesorado, o ya estaban conseguidos antes o no se consiguen con ella:
- Las agresiones al profesorado, supuesta justificación de la Ley, se castigan en el Código Penal como delito de atentado sin necesidad de la condición de autoridad, porque el delito existe igual si el agredido es funcionario público, como lo son los profesores.
- En el ámbito penal, la presunción de veracidad no tiene ningún efecto (otra mentira que se ha estado vendiendo al profesorado). En los juicios penales nadie tiene presunción de veracidad, ni siquiera la Policía. La presunción de veracidad es para el ámbito administrativo; en el caso de la escuela, para los expedientes disciplinarios del alumnado. ¿De verdad necesita el profesorado presunción de veracidad para los expedientes disciplinarios?
- Inútil porque el profesorado no gana un ápice de dignidad ni de respeto porque la Ley lo nombre autoridad pública. La dignidad se consigue con el trabajo bien hecho en el aula, junto con la colaboración de las familias para enseñar a los estudiantes el respeto al maestro/a.
- Perjudicial para el alumnado, porque si ya es difícil ahora exigir responsabilidad a un profesor/a que haya tenido un comportamiento inadecuado, lo será mucho más si encima tienen presunción de veracidad a su favor: pueden sacar de cualquier incidente un expediente disciplinario contra el alumno/a afectado.
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