La deriva de la Consejería de Educación: nueva financiación de los Centros educativos públicos

En los dos últimos años la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, además de los recortes, está mostrando un giro de su política educativa hacia tendencias mucho más conservadoras de lo que habíamos visto en las épocasanteriores: zona única de escolarización, ley de autoridad del profesorado ...
Una de estas últimas tendencias es un cambio en el sistema de financiación de los Centros educativos, realizado de forma solapada y silenciosa.
Formalmente la norma que regula el sistema no ha cambiado: el Decreto 120/2002, según el cual al principio de año se les comunica a los Centros la cantidad general para sus gastos que la Consejería les va a ingresar para el ejercicio, de la cual se abona el 60% en la primera mitad del año y el 40% en la segunda. Sin embargo, en la realidad actual, esa cantidad general se ha reducido de manera notoria, y a cambio la Consejería publica programas de diversas actividades que los Centros pueden realizar, con dotación presupuestaria a la que pueden acceder mediante un sistema de competición: tienen que presentar proyectos que se puntúan por la Consejería según el baremo contenido en la convocatoria, y obtienen cantidades de dinero en función de la puntuación asignada, o bien se quedan sin él si la puntuación es insuficiente. Que sepamos, se han publicado en este curso tres programas con esta fórmula de puntuación competitiva:
- Programa de mejora de bibliotecas.
- Programa de profundización de conocimientos.
- Convocatoria de contratos-programa para la mejora de diversos aspectos de los Centros.
Es decir, los Centros Educativos, que son órganos de la Administración Pública, tienen que competir entre ellos por los recursos públicos. Y la Consejería, en lugar de destinar los recursos a la financiación general de los Centros, reserva parte de ellos para esta financiación competitiva alternativa. Algo completamente descabellado para nosotros. Este sistema es lógico para las subvenciones a empresas privadas; pero los órganos de la Administración tendrán que recibir la asignación de recursos públicos disponibles en función de sus necesidades y sus actividades, como se venía haciendo, y no a base de pelearse con otros órganos en la presentación de proyectos para ir picando migajas presupuestarias aquí y allá. ¿Pondrán también a los Centros de Salud, las Direcciones Generales y provinciales, etc., a competir por el dinero público?

Este sistema era desconocido hasta ahora en nuestra Comunidad. Los programas de actuación a los que podían adherirse los Centros (bilingüismo, éxito educativo, etc.) no llevaban dotación presupuestaria competititva; simplemente, los Centros se adherían a ellos si lo estimaban oportuno o los veían atractivos para su actividad educativa. Pero ahora la Consejería está cambiando su forma de actuar de forma preocupante. Y no es esta la única muestra; próximamente informaremos sobre su gusto creciente por favorecer las élites y la excelencia, en detrimento del conjunto del alumnado.